Las declaraciones del funcionario se produjeron tras la publicación de un reportaje del diario estadounidense "The New York Times". El artículo, elaborado con apoyo gráfico del rotativo local "La Prensa", se refiere a la exportación y venta de productos que enveneraron y causaron la muerte a más de 100 panameños.

De acuerdo con el reportaje, el gobierno de Pekín admitió que las empresas Tianxing Glycerine Factory (fabricante) y CSNC Fortune Way (distribuidora), involucradas en el envío a Panamá del dietilenglicol, a través de España, no tenían licencia para vender medicamentos.

González precisó que cuando el fiscal superior especial, Dimas Guevara, pida el exhorto judicial, será tramitado un pedido para obtener informes internacionales que permitan esclarecer el caso.

Por su parte, Guevara, quien esta semana dirigió las exhumaciones de cadáveres en cementerios en Panamá, para descartar defunciones a causa de dietilengligol, reconoció que solicitará una asistencia judicial al gobierno de Pekín, para que aclare todos los detalles de una operación comercial sospechosa de fraude.

Las investigaciones preliminares revelaron que la Caja de Seguro de Social (CSS), de Panamá, pagó a la exportadora española Rasfer Internacional, S.A, por un embarque de glicerina para la elaboración de jarabes antitusivos sin azúcar. Sin embargo, en vez de la materia prima de uso farmacéutico, recibió veneno.

Rasfer Internacional, S.A, importó de China la supuesta glicerina, pero adujo que vendió a la CSS el producto solicitado. Por ello, abogados españoles acusaron a la compañía de genocidio, en un tribunal de España.

Eric Conte, director encargado de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud, señaló que la información transmitida por el gobierno chino revela que el problema se originó en otro país y que el embarque fue introducido a Panamá de forma irregular.

Los primeros casos de intoxicados con dietilenglicol datan de junio de 2006, cuando el sistema sanitario aún no había vinculado las defunciones en los hospitales al veneno que provoca graves daños hepáticos y renales.

El Centro para el control y la prevención de enfermedades (Cdc), de Atlanta, Estados Unidos, descartó que las muertes fuesen causadas por virus o bacterias patógenas. La forma en que evolucionaron los casos indujo a los investigadores a sospechar de agentes tóxicos.

La enfermedad fue diganosticada como Síndrome de parálisis e insuficiencia renal aguda (Spira). Más de 400 denuncias han sido presentadas en Panamá por presunta intoxicación.

Por otro lado, pacientes ambulatorios que sobrevivieron al envenenamiento se quejaron a causa de la mala atención médica y la falta de medicamentos. Asimismo, exigieron ser indemnizados por el Estado, debido a las graves secuelas del Spira.

La Defensoría del Pueblo de Panamá ofreció a las familias afectadas la asistencia legal gratuita, sobre las vías y recursos utilizables para hacer valer sus pretensiones y absolver dudas en un proceso con implicaciones internacionales.